Ministerio de Fomento vs. Ministerio de Interior. O más exactamente, Dirección General de Carreteras vs. Dirección General de Tráfico. Ni uno ni otro han querido ponerse de acuerdo sobre una de las cuestiones que más titulares han dado en el último año en materia de seguridad vial: los nuevos límites de velocidad.
Por Maite Cañamares
Terminó la legislatura sin reforma del Reglamento de Circulación. El dictamen del Consejo de Estado fue la guinda que utilizó el Gobierno para “aparcar” el documento en el rincón oscuro del baúl de los recuerdos. No gustaron –nada de nada– las novedades sobre la bicicleta y la movilidad sostenible. Pero lo que más conflictos generó entre los mismos miembros del Gobierno fue la propuesta de modificar los límites de velocidad. Mientras para la Dirección General de Tráfico reducir la velocidad en carreteras convencionales es un punto “innegociable”, la Dirección General de Carreteras no lo considera necesario y, como argumento último, se declara la única competente en materia de fijar límites de velocidad.
Básicamente la propuesta de reforma pasaba por rebajar de 100 a 90 kilómetros por hora el límite de velocidad en carreteras convencionales. La Dirección General de Tráfico argumentaba esta medida en que el 80% de los siniestros se producen en este tipo de vías y en la mayoría de ellos, con la velocidad como factor concurrente (7.000 siniestros con víctimas en 2014). La DGT considera clave, por tanto, limitar la velocidad máxima para reducir el número de fallecidos en las carreteras, cifra el coste de cada fallecido en 1.400.000 euros y se alinea con otros países modelos en materia de seguridad vial. De hecho, solo Alemania y Austria continúan con el límite a 100 km/h. De los cuatro países con mejor índice de siniestralidad, Suecia lo tiene en 70 km/h, Dinamarca y Holanda en 80 km/h y Reino Unido en 96 km/h. Italia, Francia, Grecia, Eslovaquia, Bulgaria, Polonia y Bélgica ya impusieron los 90 km/h, mientras que Finlandia, Chipre, Macedonia, Malta, Noruega, Bosnia e Irlanda lo han fijado en 80 km/h. Técnicamente las políticas de seguridad vial de estos países llevan años orientándose al calmado o pacificación del tráfico, fijando las velocidades máximas en las velocidades adecuadas.
Pero la DGT se encontró enfrente con la Dirección General de Carreteras. Dependiente del Ministerio de Fomento este organismo está totalmente en contra de reducir los límite de velocidad. En sus alegaciones en trámite de consulta del borrador del nuevo Reglamento señaló que las carreteras han sido diseñadas precisamente para circular a 100 km/h, por lo que limitar la velocidad a 90 ó 50 km/h haría pensar a los ciudadanos que esta medida es únicamente recaudatoria. Apuntaba, además, que en estas vías se producen menos siniestros que en aquellas que ya tienen un límite de 90 km/h. Y por su esto fuera poco, señalaba que modificar la velocidad significaría cambiar la señalización en 85.000 kilómetros de carreteras, con el coste que ello llevaría implícito. Para el Ministerio de Fomento, los límites de velocidad han de basarse en las características de la infraestructura y no en el tráfico, es decir, todo lo opuesto a lo que defiende la DGT.
Pese a las discrepancias, el Ministerio del Interior decidió someter a consulta del Consejo de Estado la propuesta de reforma del Reglamento de Circulación. Y como por todos es sabido, éste fue contundente. Pero si en algo tenía razón es, sin duda, en que resulta anómalo someter a consulta una propuesta no compartida: “en este caso no es que no conste un acuerdo del Consejo de Ministros, es que ni siquiera consta que las distintas administraciones implicadas hayan llegado a un mínimo consenso sobre las medidas que se proponen”. Y añadía: “la solicitud de dictamen debe recaer sobre textos sobre los cuales los departamentos ministeriales hayan llegado, en ejercicio de sus respectivas competencias, a un acuerdo básico”. Por lo que, dicho esto, devolvió la propuesta para su modificación en Consejo de Ministros.
Y ahí ha estado un año. A principios de septiembre, durante la presentación del balance de siniestralidad de verano, María Seguí, directora de la DGT, declaró que reducir el límite de velocidad en las carreteras convencionales de 100 a 90 km/h “es un paso innegociable para reducir el número de víctimas en las carreteras”. Está enfadada, aunque ella misma afirme que no. Y no es para menos, pues ésta era una de sus mayores apuestas para esta legislatura. El tiempo jugará a su favor porque, más tarde o más temprano, el próximo Gobierno tendrá que aprobar un nuevo Reglamento de Circulación. Y si queremos seguir avanzando en materia de seguridad vial, no quedará más remedio que imitar a nuestros países vecinos y reducir la velocidad. No hay otra alternativa.