Entre el año 2000 y 2015 la carga de enfermedad derivada del tabaquismo y en materia de seguridad vial se redujo en un 37%, en buena parte debido a la implementación de medidas legislativas, especialmente de aquellas más punitivas en las sanciones por incumplimiento. Es la conclusión del estudio “¿Cómo legislar para promover la salud pública? Los casos del tabaco y los accidentes de tráfico”, elaborado por el profesor de Economía Aplicada, Jaime Pinilla, para el Observatorio Social de La Caixa.
El informe analiza el impacto de actuar sobre la salud pública desde la ley y ha tomado como objeto de estudio dos de los comportamientos menos saludables que más impacto tienen sobre la salud pública: el tabaquismo y la conducción temeraria. Estos comportamientos provocan cargas de enfermedades prevenibles y, en consecuencia, costes económicos que podrían dedicarse a otras finalidades.
Según datos del Institute Health Metrics Evaluation (IHME), en el año 2000 en España se perdían 25.000 años de vida ajustados por discapacidad (AVAD) por cada 100.000 habitantes. AVAD es una medida utilizada en economía de la salud como indicador que refleja el tiempo y la calidad de vida relacionada con la salud: perder un AVAD equivale a perder un año de vida en plena salud.
El tabaquismo y la conducción temeraria son los responsables directos de la pérdida de salud consecuencia de muchas enfermedades: un 14% y un 3,41% del total de AVAD perdidos en el año 2000, respectivamente. Por enfermedades, el tabaquismo era responsable, en el año 2000, del 43,55% de los AVAD perdidos por enfermedad respiratoria crónica, un 31,19% por cáncer y un 19,65% por enfermedad cardiovasculares. En el caso de la conducción temeraria o bajo los efectos del alcohol y las drogas, ésta fue responsable del 70% de los AVAD perdidos por lesiones en accidentes de tráfico.
En 2015, según el mismo instituto, y gracias a las intervenciones legislativas realizadas, en España hemos dejado de perder 1.400 AVAD por cada 100.000 habitantes debido a estas conductas de riesgo. El tabaquismo ha pasado de un 14% a un 9,63% de la carga total de enfermedad en España, mientras que la conducción temeraria o bajo los efectos del alcohol o las drogas ha descendido del 3,41% al 1,09%, lo que supone entre ambos casos, un 37% de disminución en la carga de enfermedad por estos comportamientos respecto a 2000.
Para medir el impacto de las medidas legislativas abordadas en España en materia de tabaquismo y seguridad vial, el profesor Pinilla ha utilizado dos indicadores clave: las ventas de tabaco y la mortalidad por accidentes de tráfico. Por un lado, en cuanto al tabaquismo, el autor confirma una disminución notable del consumo de tabaco entre 2000 y 2015, pero matizando que esta tendencia empezó con la entrada en vigor de la Ley 28/2005 que regulaba, entre otras cuestiones, la restricción parcial del consumo de tabaco en lugares públicos cerrados, pero que no fue hasta la entrada en vigor de la Ley 42/2010, de restricción total, cundo se produjeron los descensos más significativos. La restricción total del consumo de tabaco en lugares públicos explica, según Pinilla, la disminución del 16,55% de las ventas entre 2000 y 2015, mientras que la regulación parcial de 2005 solo supuso un 6,81% de descenso en las ventas.
En cuanto a las leyes sobre seguridad vial, se observa una tendencia a la baja sostenida a lo largo de los años, por lo que la sociedad española parece cada vez más sensibilizada con esta causa. Según el profesor Pinilla, la entrada en vigor del permiso por puntos no tuvo nada que ver con esta tendencia a la baja, pues no aceleró el descenso de la mortalidad. Fue la entrada en vigor de la reforma del Código Penal en diciembre de 2007 la que provocó una reducción brusca, con un cambio de nivel, en la mortalidad por accidentes de tráfico, lo que se traduce en un descenso medio de un 13,34% en la mortalidad por accidentes de tráfico entre 2000 y 2015.
Además de esta variable, el estudio explica cómo el número de procedimientos tramitados por delitos a la seguridad vial aumentó considerablemente desde los 37.697 procedimientos judiciales de 2006 hasta los 43.926 y 87.755 en 2007 y 2008, estabilizándose en unos 110.000 a partir de 2010. Del mismo modo, tras la reforma de 2007, el número de penas de privación del derecho a conducir vehículos aumentó un 115%. Estos datos se exponen para explicar que en materia de seguridad vial, penalizar la violación de las normas de circulación aumenta la conciencia social sobre la importancia de una conducción responsable. Sin embargo, dicha penalización solo logra cambios en los comportamientos cuando se acompaña de una condena disuasoria.
¿Qué mensaje quiere trasladar este estudio? Que hay que legislar con mano más dura y dejarse de paternalismos que no cambian los comportamientos de las personas, de ahí que se haya usado el ejemplo de las medidas legislativas llevadas a cabo frente al tabaquismo y la siniestralidad vial. Según Pinilla, la regulación parcial de espacios libres de humos de tabaco y el permiso de conducir por puntos con penalizaciones administrativas de las infracciones no generaron incentivos suficientes en el ciudadano y no fue hasta que se aplicaron políticas más coercitivas, como la prohibición total de fumar y la reforma del código penal en materia de seguridad vial, que empezaron a verse resultados en la reducción de conductas de riesgo.
Puedes descargar aquí el estudio ¿Cómo legislar para promover la salud pública? De Obra Social La Caixa