Esta nueva ley constituirá el marco normativo que permitirá a las políticas públicas de transporte y movilidad de las distintas administraciones responder mejor a las necesidades de los ciudadanos y a los retos del siglo XXI: la sostenibilidad, la digitalización y la cohesión social y territorial. El Anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible se sustenta en 4 pilares que os detallamos a continuación.
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) presentó ante el Consejo de Ministros el Anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible, que empieza ahora su trámite de audiencia e información pública. Así, todo lo relativo al Anteproyecto se ha hecho público en la página web para que los ciudadanos y los agentes interesados puedan consultarlo y, en su caso, realizar sus aportaciones. También se solicitarán todos los informes preceptivos y demás documentos previos para la elaboración de un texto final, que se elevará de nuevo al Consejo de Ministros para su aprobación y posterior remisión a las Cortes Generales.
Esta futura Ley de Movilidad Sostenible forma parte de los compromisos del Gobierno de España con la Comisión Europea dentro del marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). En concreto se trata de la reforma 2 incluida en el componente 1: Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos. Y según el calendario establecido tendría que estar aprobada para su posterior entrada en vigor en el último trimestre de 2023.
El Anteproyecto de Ley dará respuesta también a los objetivos de reducción de gases de efecto invernadero y emisiones de contaminantes en el transporte, en línea con los acuerdos internacionales asumidos por España para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible que marca la Agenda 2030 y las estrategias europeas del Pacto Verde Europeo.
Los cuatro pilares sobre los que se sustenta el nuevo marco regulatorio para el transporte y la movilidad en España son:
La movilidad es un derecho social
Por primera vez, la Ley reconocerá la movilidad como un derecho de toda la ciudadanía y como un elemento de cohesión social, que contribuye a la consecución del Estado de Bienestar. La movilidad deberá ser accesible e inclusiva y ofrecer soluciones para todas las personas. Todas las administraciones deberán trabajar de forma coordinada para garantizar este derecho, con especial énfasis en las necesidades de movilidad cotidiana de toda la ciudadanía, vivan donde vivan, incluyendo el ámbito rural. También se pone de manifiesto la importancia estratégica del transporte de mercancías, como sustento de la actividad económica del país.
La movilidad tendrá que ser limpia y saludable
El transporte es responsable del 29% de las emisiones de gases de efecto invernadero, por lo que urge avanzar en la descarbonización del sector para cumplir con los compromisos internacionales. Además, es también responsable de otras emisiones contaminantes (gases y partículas) que afectan a la salud, especialmente en entornos urbanos. Por ello es imperativo avanzar hacia una movilidad respetuosas con el medio ambiente y la salud, que además contribuya a mejorar la calidad de vida de las personas.
Con esta Ley se busca dar una nueva visión a las ciudades que priorice la movilidad activa (caminar, ir en bici) por ser la opción más saludable y exenta de emisiones, y al transporte público colectivo de manera que sea una solución accesible y asequible para toda la ciudadanía. La Ley trata de dar alternativas atractivas al vehículo privado tanto en el ámbito urbano como en el conjunto del territorio, y facilita la provisión de soluciones de movilidad flexibles, que podrán consistir tanto en los servicios de transportes tradicionales como en nuevos servicios de movilidad, como sistemas de transporte público a la demanda, sistemas privados de movilidad colaborativa o servicios de movilidad compartida.
También se busca reforzar el papel de las zonas de bajas emisiones como área “libre de humos y congestión”, permitiendo crear medidas que limiten más el acceso de los vehículos privados a motor. Así, la Ley abre la puerta a que los ayuntamientos puedan establecer una tasa por la circulación en las zonas de bajas emisiones. Para crear esta tasa será necesaria una habilitación con rango de ley que permita garantizar que las condiciones básicas sean homogéneas en todo el territorio, aunque cada municipio podrá decidir si implementa la tasa o no.
Un sistema digital e innovador
La Ley también incluirá herramientas para facilitar la innovación en los medios de transporte y la movilidad, destacando la creación de un sandbox de movilidad, o lo que es lo mismo, un espacio de pruebas en el que la autoridad supervisora permitirá probar proyectos innovadores de manera controlada. No en vano, la digitalización y las nuevas tecnologías permiten dar mejor respuesta a las necesidades de la ciudadanía.
En este contexto, la futura Ley introduce los principios que deberán seguir las administraciones para regular y promocionar la introducción progresiva de los vehículos automatizados o sin conductor en el sistema de transporte, en todos los modos, priorizando la seguridad, la sostenibilidad ambiental, los derechos de las personas y fomentando la colaboración público-privada. En el caso de los automóviles autónomos, el texto establece una ventanilla única para facilitar la realización de pruebas en vías públicas, lo que pretende atraer a nuestro país la innovación en este ámbito, y se abre la puerta a que se desarrolle una regulación más detallada.
Invertir mejor al servicio de la ciudadanía
El cuarto pilar del Anteproyecto de Ley apuesta por mejorar la calidad de las decisiones de inversión y gasto en transporte y movilidad, así como por incluir nuevas herramientas que permitan una mayor participación pública y transparencia en el proceso. Así, la Ley recoge gran parte de las recomendaciones de la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) y otros organismos, estableciendo análisis ex ante y ex post que garanticen la rentabilidad socio-ambiental de todas las actuaciones, y mecanismos de transparencia y rendición de cuentas sobre las decisiones adoptadas.
El Anteproyecto faculta, además, al gobierno a realizar un estudio de alternativas para establecer un mecanismo de financiación que permita garantizar los fondos necesarios para el correcto mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado. El texto no define ni concreta ningún modelo, y establece que el mecanismo que se plantee deberá tener en cuenta criterios de equidad territorial, seguridad vial y sostenibilidad ambiental, buscando un amplio consenso social y político y ajustándose a las circunstancia económicas concurrentes.