Fue el tema que más debate generó en la anterior legislatura, llegando incluso a impedir que la reforma del Reglamento de Circulación saliese adelante. Pero influir en la velocidad es clave para reducir la siniestralidad, por lo que la DGT vuelve a intentar convencer de la necesidad de reducir los límites.
Rebajar de 100 a 90 km/h el límite en carreteras convencionales, establecer los 30 km/h como velocidad genérica en zonas urbanas e incrementar a 130 km/h la velocidad en algunos tramos de autopistas fueron las cuestiones que más titulares dieron a la anterior Dirección General de Tráfico, dirigida por María Seguí, y que terminaron con la propuesta de reforma del Reglamento de Circulación aparcada al fondo de un cajón, tras el tremendo varapalo del Consejo de Estado. Éste, contundente, dejó claro en su dictamen lo anómalo de someter a consulta una propuesta no compartida, un nuevo Reglamento en el que ni siquiera las distintas administraciones del Estado habían llegado a un mínimo de consenso. Entonces trascendió públicamente que quién más contrario era a las modificaciones de los límites de velocidad era el propio Ministerio de Fomento, entonces con Ana Pastor al frente, aunque al rechazo también se sumaron las asociaciones de automovilistas y el colectivo de transporte profesional. El resultado final fue que el texto se devolvió para su modificación en Consejo de Ministros con una “coletilla” durísima: no se volvería a solicitar un dictamen hasta que al menos todos los departamentos ministeriales, en el ejercicio de sus competencias, hubiesen llegado a un mínimo acuerdo básico.
Tras un gobierno en funciones durante prácticamente un año y dos elecciones generales después, el nuevo ejecutivo ha vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de una gran reforma de la Ley de Seguridad Vial y del Reglamento General de Circulación, acuciado además por el incremento del número de personas fallecidas en nuestras carreteras y los graves siniestros sufridos por ciclistas. Juan Ignacio Zoido, ministro de Interior, y Gregorio Serrano, director de la Dirección General de Tráfico, coinciden en el mensaje: “La seguridad vial es una responsabilidad compartida que requiere la implicación de todos”. La palabra clave es CONSENSO, dentro del propio gobierno, con los distintos grupos parlamentarios –ahora el PP gobierna en minoría–, las administraciones autonómicas y locales y con la totalidad de los agentes sociales. ¡Ahí es nada!
Tras la reunión del Consejo Superior de Tráfico del pasado mayo en la que se constituyeron los grupos de trabajo encargados de consensuar las modificaciones de la futura Ley de Seguridad Vial y Reglamento General de Circulación, el 27 de junio se reúne una primera mesa en la que, además de la DGT, están representadas asociaciones de automovilistas, ciclistas, peatones, transportistas y víctimas. En la reunión vuelve a plantearse la cuestión de la discordia: Los LÍMITES DE VELOCIDAD. Y resucita el lío.
La DGT propone incrementar la velocidad máxima permitida en autopistas y autovías a los vehículos turismo hasta los 130 km/h –frente a los 120 km/h actuales– en algunos tramos que cumplan determinados requisitos y se anuncien mediante paneles de velocidad variable. Se plantea de nuevo rebajar de 100 a 90 Km/h la velocidad en carreteras convencionales, en línea con las reducciones realizadas en prácticamente todos los países de la Unión Europea, salvo Alemania y Austria, que aún mantienen el límite de 100 km/h. Y por último, vuelve a apuntarse a la importancia del calmado del tráfico en las zonas urbanas mediante la aplicación de límite genérico de 30 km/h, salvo en grandes avenidas y grandes calles de acceso.
El objetivo final es reducir la siniestralidad influyendo sobre la velocidad, pero quienes se opusieron a esta medida en 2014 vuelven a hacerlo en 2017. Las asociaciones de automovilistas, si bien aplauden los 130 km/h en determinados tramos de autopistas y autovías, se posicionan en contra de la rebaja de los límites en carreteras convencionales y urbanas. Ministerio de Fomento continúa defendiendo que los límites de velocidad en interurbanas se deben establecer en función de las características y condiciones de la carretera y no en parámetros de tráfico. Y los transportistas, no solo están en contra de las reducciones de velocidad, si no que solicitan que se incremente la velocidad máxima permitida a los vehículos de transporte ligeros (furgonetas), limitada en la actualidad a los 90 km/h en autopistas y autovías. Estamos, por tanto, en el mismo punto de partida que hace tres años, la historia empieza a reproducirse como un video, en modo bucle. Sigue sin haber consenso, pese a la voluntad de volver a sentarse a dialogar. Pese a todo, esperamos que el resultado no sea el mismo que entonces e, independientemente de los intereses particulares de cada administración y/o colectivo, se sea coherente con el objetivo único y último de estas reuniones, que no es otro, que terminar con esta lacra de las muertes en la carretera.