El nuevo mapa concesional de transporte público regular de viajeros por carretera de Aragón ampliará la cobertura territorial para que todos los pueblos de más de 10 habitantes dispongan de conexión a centros de salud y hospitales.
Todos los núcleos de población contarán con un servicio mínimo de conexión semanal con el centro de salud de referencia y se facilitará, si es preciso mediante trasbordo, el desplazamiento en autobús a hospitales, cabeceras comarcales y a la capital aragonesa, mediante un diseño de líneas y horarios que permita el acceso a los centros de salud antes de las 9.00 horas y a los hospitales antes de las 10.30 horas, con vuelta en el día a las poblaciones de origen. Esto supone que 408 pueblos –23.280 habitantes– que hasta ahora no contaban con ningún servicio de transporte se incorporen a la red de transporte público de Aragón y que otros 681 pequeños municipios –123.095 habitantes– mejoren su servicio con una conexión directa a su centro de salud correspondiente. Al menos una vez por semana, todos los pueblos de más de 10 habitantes dispondrán de transporte regular hasta sus cabeceras comarcales, lo que supone todo un hito para la movilidad de los aragoneses.
En la actualidad, el Gobierno de Aragón invierte 3,4 millones de euros anuales para sufragar el déficit de transporte público de viajeros por carretera, 2,8 en el ámbito autonómico y 700.000 a través del Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza. Con el nuevo mapa se aumenta la inversión hasta los 10,5 millones de euros, en palabras de José Luis Soro, consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda de Aragón, “entendiendo que el transporte público es un derecho básico que permite el acceso a otros servicios básicos como son la sanidad. Además, el acceso a un municipio con centro de salud implica también el acceso a otros servicios”.
El nuevo mapa concesional reorganiza el actual e incluye mejoras en las flotas de autobuses, introduciendo criterios como la obligación de que en todos los servicios autonómicos los vehículos sean accesibles para personas con movilidad reducida. También se incorporan criterios medioambientales en lo que se refiere al nivel de emisiones, la incorporación de vehículos híbridos en servicios metropolitanos, la puesta en marcha de un programa piloto de microbuses eléctricos y la limitación general de antigüedad de flotas que no podrán superar los 10 años. La previsión es poder licitar los contratos antes de que acabe la legislatura y, previo, aprobar el gasto plurianual necesario para unas concesiones que serán por 10 años y que, si nada falla, se pondrán en marcha en 2020.